miércoles, 1 de febrero de 2012

Bolivar y Ponte


BOLÍVAR Y PONTE
(1858)

BOLÍVAR Y PONTE, Simón, el "Libertador" de Colombia, nació el 24 de julio de 1783 en Caracas y murió en San Pedro, cerca de Santa Marta, el 17 de diciembre de 1830. Descendía de una de las familias mantuanas, que en la época de la dominación española constituían la nobleza criolla en Venezuela. Con arreglo a la costumbre de los americanos acaudalados de la época, se le envió Europa a la temprana edad de 14 años. De España pasó Francia y residió por espacio de algunos años en París. En 1802 se casó en Madrid y regresó a Venezuela, donde su esposa falleció repentinamente de fiebre amarilla. Luego de este suceso se trasladó por segunda vez a Europa y asistió en 1804 a la coronación de Napoleón como empe rador, hallándose presente, asimismo, cuando Bonaparte se ciñó la corona de hierro de Lombardía. En 1809 volvió a su patria y, pese a las instancias de su primo José Félix Ribas, rehusó adherirse a la revolución que estalló en Caracas el 19 de abril de 1810. Pero, con posterioridad a ese acontecimiento, aceptó la misión de ir a Londres para comprar armas y gestionar la protección del gobierno británico. El marqués de Wellesley, a la sazón ministro de relaciones exteriores, en apariencia le dio buena acogida. pero Bolívar no obtuvo más que la autorización de exportar armas abonándolas al contado y pagando fuertes derechos. A su regreso de Londres se retiró a la vida privada, nuevarnente, hasta que en setiembre de 1811 el general Miranda, por entonces comandante en jefe de las fuerzas rectas de mar y tierra, lo persuadió de que aceptara el rango de teniente coronel en el estado mayor y el mando de Puerto Cabello, la principal plaza fuerte de Venezuela.
Cuando los prisioneros de guerra españoles, que Miranda enviaba regularmente a Puerto Cabello para mantenerlos encerrados en la ciudadela, lograron atacar por sorpresa la guardia y la dominaron, apoderándose de la ciudadela, Bolívar, aunque los españoles estaban desarmados, mientras que él disponía de una fuerte guarnición y de un gran arsenal, se embarcó precipitadamente por la noche con ocho de sus oficiales, sin poner al tanto de lo ocurría ni a sus propias tropas, arribó al amanecer a Guaira y se retiró a su hacienda de San Mateo. Cuando la guarnición se enteró de la huida de su comandante, abandonó en buen orden la plaza, a la que ocupade inmediato los españoles al mando de Monteverde. Este acontecimiento inclinó la balanza a favor de España y forzó a Miranda a suscribir, el 26 de julio de 1812, por encargo del congreso, el tratado de La Victoria, que sometió nuevamente a Venezuela al dominio español. El 30 de julio llegó Miranda a La Guaira, con la intención embarcarse en una nave inglesa. Mientras visitaba al coronel Manuel María Casas, comandante de la plaza, se encontró con un grupo numeroso, en el que se contaban don Miguel Peña y Simón Bolívar, que lo convencieron de que se quedara, por lo menos úna noche, en la residencia de Casas. A las dos de la madrugada, encontrándose Miranda profundamente dormido, Casas, Peña y Bolívar se introdujeron en su habitación con cuatro soldados armados, se apoderaron precavidamente de su espada y su pistola, lo despertaron y con rudeza le ordenaron que se levantara y vistiera, tras lo cual lo engrillaron y entregaron a Monteverde. El jefe español lo remitió a Cádiz, donde Miranda, encadenado, murió después de varios años de cautiverio. Ese acto, para cuya justificación se recurrió al pretexto de que Miranda había traicionado a su país la capitulación de La Victoria, valió a Bolívar el especial favor de Monteverde, a tal punto que cuando el primero le solicitó su pasaporte, el jefe español declaró: "Debe satisfacerse el pedido del coronel Bolívar, como recompensa al servicio prestado al rey de España con laentrega de Miranda".
Se autorizó así a Bolívar a que se embarcara con destino a Curazao, donde permaneció seis semanas. En cornpañía de su primo Ribas se trasladó luego a la pequeña república de Cartagena. Ya antes de su arribo habían huido a Cartagena gran cantidad de soldados, ex combatientes a las órdenes del general Miranda. Ribas les propuso emprender una expedición contra los españoles en Venezuela y reconocer a Bolívar como comandante en jefe. La primera propuesta recibió una acogida entusiasta; la segunda fue resistida, aunque finalmente accedieron, a condición de que Ribas fuera el lugarteniente de Bolívar. Manuel Rodríguez Torices, el presidente de la república de Cartagena, agregó a los 300 soldados así reclutados para Bolívar otros 500 hombres al mando de su primo Manuel Castillo. La expedición partió a comienzos de enero de 1813. Habiéndose producido rozamientos entre Bolívar y Castillo respecto a quién tenía el mando supremo, el segundo se retiró súbitamente con sus granaderos. Bolívar, por su parte, propuso seguir el ejemplo de Castillo y regresar a Cartagena, pero al final Ribas pudo persuadirlo de que al menos prosiguiera en su ruta hasta Bogotá, en donde a la sazón tenía su sede el Congreso de Nueva Granada. Fueron allí muy bien acogidos, se les apoyó de mil maneras y el congreso los ascendió al rango de generales. Luego de dividir su pequeño ejército en dos columnas, marcharon por distintos caminos hacia Caracas. Cuanto más avanzaban, tanto más refuerzos recibían; los crueles excesos de los españoles hacían las veces, en todas partes, de reclutadores para el ejército independentista. La capacidad de resistencia de los españoles estaba quebrantada, de un lado porque las tres cuartas partes de su ejército se componían de nativos, que en cada encuentro se pasaban al enemigo; del otro debido a la cobardía de generales tales como Tízcar, Cajigal y Fierro, que a la menor oportunidad abandonaban a sus propias tropas. De tal suerte ocurrió que Santiago Mariño, un joven sin formación, logró expulsar de las provincias de Cumaná y Barcelona a los españoles, al mismo tiempo que Bolívar ganaba terreno en las provincias occidentales. La única sistencia seria la opusieron los españoles a la columna de Ribas, quien no obstante derrotó al general Monteverde en Los Taguanes y lo obligó a encerrarse en Puerto Cabello el resto de sus tropas.
Cuando el gobernador de Caracas, general Fierro, tuvo noticias de que se acercaba Bolívar, le envió parlamentarios para ofrecerle una capitulación, la que se firmó en La Victoria. Pero Fierro, invadido por un pánico repentino y sin aguardar el regreso de sus propios emisarios, huyó secretamente por la noche y dejó a más de 1.500 españoles librados a la merced del enemigo. A Bolívar se le tributó entonces una entrada apoteótica. De pie, en un carro de triunfo, al que arrastraban doce damiselas vestidas de blanco y ataviadas con los colores nacionales, elegidas todas ellas entre las mejores familias caraqueñas, Bolívar, la cabeza descubierta y agitando un bastoncillo en la man, fue llevado en una media hora desde la entrada la ciudad hasta su residencia. Se proclamó "Dictador y Libertador de las Provincias Occidentales de Venezuela" --Mariño había adoptado el título de "Dictador de las Provincias Orientales"--, creó la "Orden del Libertador", formó un cuerpo de tropas escogidas a las que denominó guardia de corps y se rodeó de la pompa propia de una corte. Pero, como la mayoría de sus compatriotas, era incapaz de todo esfuerzo de largo aliento y su dictadura degeneró pronto en una anarquía militar, en la cual asuntos más importantes quedaban en manos de favoritos que arruinaban las finanzas públicas y luego recurrían a medios odiosos para reorganizarlas. De este modo el novel entusiasmo popular se transformó en descontento, y las dispersas fuerzas del enemigo dispusieron de tiempo para rehacerse. Mientras que a comienzos de agosto de 1813 Monteverde estaba encerrado en la fortalede Puerto Cabello y al ejército español sólo le quedaba una angosta faja de tierra en el noroeste de Venezuela, apenas tres meses después el Libertador había perdido su prestigio y Caracas se hallaba amenazada por la súbita aparición en sus cercanías de los españoles victoriosos, al mando de Boves. Para fortalecer su poder tambaleante Bolívar reunió, el 1de enero de 1814, una junta constituida por los vecinos caraqueños más influyentes y les manifestó que no deseaba soportar más tiempo el fardo de la dictadura. Hurtado de Mendoza, por su parte, fundamentó en un prolongado discurso "la necesidad de que el poder supremo se mantuviese en las manos del general Bolívar hasta que el Congreso de Nueva Granada pudiera reunirse y Venezuela unificarse bajo un solo gobierno". Se aprobó esta propuesta y, de tal modo, la dictadura recibió una sanción legal.
Durante algún tiempo se prosiguió la guerra contra los españoles, bajo la forma de escaramuzas, sin que ninguno de los contrincantes obtuviera ventajas decisivas. En junio de 1814 Boves, tras concentrar sus tropas, marchó de Calabozo hasta La Puerta, donde los dos dictadores, Bolívar y Mariño, habían combinado sus fuerzas. Boves las encontró allí y ordenó a sus unidades que las atacaran sin dilación. Tras una breve resistencia, Bolívar huyó a Caracas, mientras que Mariño se escabullía hacia Cumaná. Puerto Cabello y Valencia cayeron en las manos de Boves, que destacó dos columnas (una de ellas al mando del coronel González) rumbo a Caracas, por distintas rutas. Ribas intentó en vano contener el avance de González. Luego de la rendición de Caracas a este jefe, Bolívar evacuó a La Guaira, ordenó a los barcos surtos en el puerto que zarparan para Cumaná y se retiró con el resto de sus tropas hacia Barcelona. Tras la derrota que Boves infligió a los insurrectos en Arguita, el 8 de agosto de 1814, Bolívar abandonó furtivamente a sus tropas, esa misma noche, para dirigirse apresuradamente y por atajos hacia Cumaná, donde pese a las airadas protestas de Ribas se embarcó de inmediato en el "Bianchi", junto con Mariño y otros oficiales. Si Ribas, Páez y los demás generales hubieran seguido a los dictadores en su fuga, todo se habría perdido. Tratados como desertores a su arribo a Juan Griego, isla Margarita, por el general Arismendi, quien les exigió que partieran, levaron anclas nuevamente hacia Carúpano, donde, habiéndolos recibido de manera análoga el coronel Bermúdez, se hicieron a la mar rumbo a Cartagena. Allí a fin de cohonestar su huida, publicaron una memoria de justificación, henchida de frases altisonantes.
Habiéndose sumado Bolívar a una conspiración para derrocar al gobierno de Cartagena, tuvo que abandonar esa pequeña república y seguir viaje hacia Tunja, donde etaba reunido el Congreso de la República Federal de Nueva Granada. La provincia de Cundinamarca, en ese entonces, estaba a la cabeza de las provincias independientes que se negaban a suscribir el acuerdo federal neogranadino, mientras que Quito, Pasto, Santa Marta y otras provincias todavía se hallaban en manos de los españoles. Bolívar, que llegó el 22 de noviembre de 1814 a Tunja, designado por el congreso comandante en jefe de las fuerzas armadas federales y recibió la doble misión de obligar al presidente de la provincia de Cundinamarca a reconociera la autoridad del congreso y de marchar luego sobre Santa Marta, el único puerto de mar fortificado granadino aún en manos de los españoles. No presentó dificultades el cumplimiento del primer cometido, puesto que Bogotá, la capital de la provincia desafecta, carecía de fortificaciones. Aunque la ciudad había capitulado, Bolívar permitió a sus soldados que durante 48 horas la saquearan. En Santa Marta el general español Montalvo, disponía tan sólo de una débil guarnición de 200 hombres y de una plaza fuerte en pésimas condiciones defensivas, tenía apalabrado ya un barco francés para asegurar su propia huida; los vecinos, por su parte, enviaron un mensaje a Bolívar participándole que, no bien apareciera, abrirían las puertas de la ciudad y expulsarían a la guarnición. Pero en vez de marchar contra los españoles de Santa Marta, tal como se lo había ordenado el congreso, Bolívar se dejó arrastrar por su encono contra Castillo, el comandante de Cartagena, y actuando por su propia cuenta condujo sus tropas contra esta última ciudad, parte integral de la República Federal. Rechazado, acampó en Popa, un cerro situado aproximadamente a tiro de cañon de Cartagena. Por toda batería emplazó un pequeño cañón, contra una fortaleza artillada con unas 80 piezas. Pasó luego del asedio al bloqueo, que duró hasta comienzos de mayo, sin más resultado que la disminución de sus efectivos, por deserción o enfermedad, de 2.400 a 700 hombres. En el ínterin una gran expedición española comandada por el general Morillo y procedente de Cádiz había arribado a la isla Margarita, el 25 de marzo de 1815. Morillo destacó de inmediato poderosos refuerzos a Santa Marta y poco después sus fuerzas se adueñaron de Cartagena. Previamente, empero, el 10 de mayo 1815, Bolívar se había embarcado con una docena de oficiales en un bergantín artillado, de bandera británica, rumbo a Jamaica. Una vez llegado a este punto de refugio publicó una nueva proclama, en la que se presentaba como la víctima de alguna facción o enemigo secreto y defendía su fuga ante los españoles como si se tratara una renuncia al mando, efectuada en aras de la paz pública.
Durante su estada de ocho meses en Kingston, los genrales que había dejado en Venezuela y el general Arismendi en la isla Margarita presentaron una tenaz resistencia las armas españolas. Pero después que Ribas, a quién Bolívar debía su renombre, cayera fusilado por los españoles tras la toma de Maturín, ocupó su lugar un hombre de condiciones militares aun más relevantes. No pudiendo desempeñar, por su calidad de extranjero, un papel autónomo en la revolución sudamericana, este hombre decidió entrar al servicio de Bolívar. Se trataba de Luis Brion. Para prestar auxilios a los revolucionarios se había hecho a la mar en Londres, rumbo a Cartagena, con una corbeta de 24 cañones, equipada en gran parte a sus propias expensas y cargada con 14.000 fusiles y una gran cantidad de otros pertrechos. Habiendo llegado demasiado tarde y no pudiendo ser útil a los rebeldes, puso proa hacia Cayos, en Haití, adonde muchos emigrados patriotas habían huido tras la capitulación de Cartagena. Entretanto Bolívar se había trasladado también a Puerto Príncipe donde, a cambio de su promesa de liberar a los esclavos, el presidente haitiano Pétion le ofreció un cuantioso apoyo material para una nueva expedición contra los españoles de Venezuela. En Los Cayos se encontró con Brion y los otros emigrados y en una junta general se propuso a sí mismo como jefe de la nueva expedición, bajo la condición de que, hasta la convocatoria de un cóngreso general, él reuniría en sus manos los poderes civil y militar. Habiendo aceptado la mayoría esa condición, los expedicionarios se hicieron a la mar el 16 de abril de 1816 con Bolívar como comandante y Brion en calidad de almirante. En Margarita, Bolívar logró ganar para su causa a Arismendi, el comandante de la isla, quien había rechazado a los españoles a tal punto que a éstos sólo les restaba un único punto de apoyo, Pampatar. Con la formal promesa de Bolívar de convocar un congreso nacional en Venezuela no bien se hubiera hecho dueño del país, Arismendi hizo reunir una junta en la catedral de Villa del Norte y proclamó públicamente a Bolívar jefe supremo de las repúblicas de Venezuela y Nueva Granada. El 31 de mayo de 1816 desembarcó Bolívar en Carúpano, pero no se atrevió a impedir que Mariño y Piar se apartaran de él y efectuaran, por su propia cuenta, una campaña contra Cumaná. Debilitado por esta separación y siguiendo los consejos de Brion se hizo a la vela rumbo a Ocumare [de la Costa], adonde arribó el 3 de julio de 1816 con 13 barcos, de los cuales sólo 7 estaban artillados. Su ejército se componía tan sólo de 650 hombres, que aumentaron a 800 por el reclutamiento de negros, cuya liberación había proclamado. En Ocumare difundió un nuevo manifiesto, en el que prometía "exterminar a los tiranos" y "convocar al pueblo para que designe sus diputados al congreso. Al avanzar en dirección a Valencia, se topó, no lejos de Ocumare, con el general español Morales, a la cabeza de unos 200 soldados y 100 milicianos. Cuando los cazadores de Morales dispersaron la vanguardia de Bolívar, éste, según un testigo ocular, perdió "toda presencia de ánimo y sin pronunciar palabra, en un santiamén volvió grupas y huyó a rienda suelta hacia Ocumare, atravesó el pueblo a toda carrera, llegó a la bahía cercana, saltó del caballo, se introdujo en un bote y subió a bordo del « Diana», dando orden a toda la escuadra de que lo siguiera a la pequeña isla de Bonaire y dejando a todos sus compañeros privados del menor auxilio". Los reproches y exhortaciones de Brion lo indujeron a reunirse a los demás jefes en la costa de Cumaná; no obstante, como lo recibieron inamistosamente y Piar lo amenazó con someterlo a un consejo de guerra por deserción y cobardía, sin tardanza volvió a partir rumbo a Los Cayos. Tras meses y meses de esfuerzos, Brion logró finalmente persuadir a la mayoría de los jefes militares venezolanos -que sentían la necesidad de que hubiera un centro, aunque simplemente fuese nominal- de que llamaran una vez más a Bolívar como comandante en jefe, bajo la condición expresa de que convocaría al congreso y no se inmiscuiría en la administración civil. El 31 de diciembre de 1816 Bolívar arribó a Barcelona con las armas, municiones y pertrechos proporcionados por Pétion. El 2 de enero de 1817 se le sumó Arismendi, y el día 4 Bolívar proclamó la ley marcial y anunció que todos los poderes estaban en sus manos. Pero 5 días después Arismendi sufrió un descalabro en una emboscada que le tendieran los españoles, y el dictador huyó a Barcelona. Las tropas se concentraron nuevamente en esa localidad, adonde Brion le envió tanto armas como nuevos refuerzos, de tal suerte que pronto Bolívar dispuso de una nueva fuerza de 1.100 hombres. El 5 de abril los españoles tomaron la ciudad de Barcelona, y las tropas de los patriotas se replegaron hacia la Casa de la Misericordia, un edificio sito en las afueras. Por orden de Bolívar se cavaron algunas trincheras, pero de manera inapropiada para defender contra un ataque serio una guarnición de 1.000 hombres. Bolívar abandonó la posición en la noche del 5 de abril, tras comunicar al coronel Freites, en quien delegó el mando, que buscaría tropas de refresco y volvería a la brevedad. Freites rechazó un ofrecimiento de capitulación, confiado en la promesa, y después del asalto fue degollado por los españoles, al igual que toda la guarnición.
Piar, un hombre de color, originario de Curazao, concibió y puso en práctica la conquista de la Guayana, a cuyo efecto el almirante Brion lo apoyó con sus cañoneras. El 20 de julio, ya liberado de los españoles todo el territorio, Piar, Brion, Zea, Mariño, Arismendi y otros convocaron en Angostura un congreso de las provincias y pusieron al frente del Ejecutivo un triunvirato; Brion, que detestaba a Piar y se interesaba profundamente por Bolívar, ya que en el éxito del mismo había puesto en juego su gran fortuna personal, logró que se designase al último como miembro del triunvirato, pese a que no se hallaba presente. Al enterarse de ello Bolívar, abandonó su refugio y se presentó en Angostura, donde, alentado por Brion, disolvió el congreso y el triunvirato y los remplazó por un "Consejo Supremo de la Nación", del que se nombró jefe, mientras que Brion y Francisco Antonio Zea quedaron al frente, el primero de la sección militar y el segundo de la sección política. Sin embargo Piar, el conquistador de Guayana, que otrora había amenazado con someter a Bolívar ante un consejo de guerra por deserción, no escatimaba sarcasmos contra el "Napoleón de las retiradas", y Bolívar aprobó por ello un plan para eliminarlo. Bajo las falsas imputaciones de haber conspirado contra los blancos, atentado contra la vida de Bolívar y aspirado al poder supremo, Piar fue llevado ante un consejo de guerra presidido por Brion y, condenado a muerte, se le fusiló el 16 de octubre de 1817. Su muerte llenó a Mariño de pavor. Plenamente consciente de su propia insignificancia al hallarse privado del concurso de Piar, Mariño, en una carta abyectísima, calumnió públicamente a su amigo victimado, se dolió de su propia rivalidad con el Libertador y apeló a la inagotable magnanimidad de Bolívar.
La conquista de la Guayana por Piar había dado un vuelco total a la situación, en favor de los patriotas, pues esta provincia sola les proporcionaba más recursos que las otras siete provincias venezolanas juntas. De ahí que todo el mundo confiara en que la nueva campaña anunciada por Bolívar en una flamante proclama conduciría a la expulsión définitiva de los españoles. Ese primer boletín, según el cual unas pequeñas partidas españolas que forrajeaban al retirarse de Calabozo eran "ejércitos que huían ante núestras tropas victoriosas", no tenía por objetivo disipar tales esperanzas. Para hacer frente a 4.000 españoles, que Morillo aún no había podido concentrar, disponía Bolívar de más de 9.000 hombres, bien armados y equipados, abundantemente provistos con todo lo necesario para la guerra. No obstante, a fines de mayo de 1818 Bolívar había perdido unas doce batallas y todas las provincias situadas al norte del Orinoco. Como dispersaba sus fuerzas, numéricamente superiores, éstas siempre eran batidas por separado. Bolívar dejó la dirección de la guerra en manos de Páez y sus demás subordinados y se retiró a Angostura. A una defección seguía la otra, y todo parecía encaminarse a un descalabro total. En ese momento extremadamente crítico, una conjunción de sucesos afortunados modificó nuevamente el curso de las cosas. En Angostura Bolívar encontró a Santander, natural de Nueva Granada, quien le solicitó elementos para una invasión a ese territorio, ya que la población local estaba pronta para alzarse en masa contra los españoles. Bolívar satisfizo hasta cierto punto esa petición. En el ínterin, llegó de Inglaterra una fuerte ayuda bajo la forma de hombres, buques y municiones, y oficiales ingleses, franceses, alemanes y polacos afluyeron de todas partes a Angostura. Finalmente, el doctor [Juan] Germán Roscio, consternado por la estrella declinante de la revolución sudamericana, hizo su entrada en escena, logró el valimiento de Bolívar y lo indujo a convocar, para el 15 de febrero de 1819, un congreso nacional, cuya sola mención demostró ser suficientemente poderosa para poner en pie un nuevo ejército de aproxi madamente 14.000 hombres, con lo cual Bolívar pudo pasar nuevamente a la ofensiva.
Los oficiales extranjeros le aconsejaron diera a entender que proyectaba un ataque contra Caracas para liberar a Venezuela del yugo español, induciendo así a Morillo a retirar sus fuerzas de Nueva Granada y concentrarlas para la defensa de aquel país, tras lo cual Bolívar debía volverse súbitamente hacia el oeste, unirse a las guerrillas de Santander y marchar sobre Bogotá. Para ejecutar ese plan, Bolívar salió el 24 de febrero de 1819 de Angostura, después de designar a Zea presidente del congreso y vicepresidente de la república durante su ausencia. Gracias a las maniobras de Páez, los revolucionarios batieron a Morillo y La Torre en Achaguas, y los habrían aniquilado completamente si Bolívar hubiese sumado sus tropas a las de Páez y Mariño. De todos modos, las victorias de Páez dieron por resultado la ocupación de la provincia de Barinas, quedando expedita así la ruta hacia Nueva Granada. Como aquí todo estaba preparado por Santander, las tropas extranjeras, compuestas fundamentalmente por ingleses, decidieron el destino de Nueva Granada merced a las victorias sucesivas alcanzadas el 1 y 23 de julio y el 7 de agosto en la provincia de Tunja. El 12 de agosto Bolívar entró triunfalmente a Bogotá, mientras que los españoles, contra los cuales se habían sublevado todas las provincias de Nueva Granada, se atrincheraban en la ciudad fortificada de Mompós.
Luego de dejar en funciones al congreso granadino y al general Santander como comandante en jefe Bolívar marchó hacia Pamplona, donde paso mas de dos meses en festejos y saraos. El 3 de noviembre llego a Mantecal, Venezuela, punto que había fijado a los jefes patriotas para que se le reunieran con sus tropas Con un tesoro de unos 2.000.000 de dólares, obtenidos de los habitantes de Nueva Granada mediante contribuciones forzosas, y disponiendo de una fuerza de aproximadamente 9.000 hombres, un tercio de los cuales eran ingleses, irlandeses, hanoverianos y otros extranjeros bien disciplinados, Bolívar debía hacer frente a un enemigo privado de toda clase de recursos, cuyos efectivos se reducían a 4.500 hombres, las dos terceras partes de los cuales, además, eran nativos y mal podían, por ende, inspirar confianza a los españoles. Habiéndose retirado Morillo de San Fernando de Apure en dirección a San Carlos, Bolívar lo persiguió hasta Calabozo, de modo que ambos estados mayores, enemigos se encontraban apenas a dos días de marcha el uno del otro. Si Bolívar hubiese avanzado con resolución, sus solas tropas europeas habrían bastado para aniquilar a los españoles. Pero prefirió prolongar la guerra cinco años más.
En octubre de 1819 el congreso de Angostura había forzado a renunciar a Zea, designado por Bolívar, y elegido en su lugar a Arismendi. No bien recibió esta noticia, Bolívar marchó con su legión extranjera sobre Angostura, tomó desprevenido a Arismendi, cuya fuerza se reducia a 600 nativos, lo deportó a la isla Margarita e invistió nuevamente a Zea en su cargo y dignidades. El doctor Roscio, que había fascinado a Bolívar con las perspectivas de un poder central, lo persuadió de que proclamara a Nueva Granada y Venezuela como "República de Colombia", promulgase una constitución para el nuevo estado --redactada por Roscio-- y permitiera la instalación de un congreso común para ambos países. El 20 de enero de 1820 Bolívar se encontraba de regreso en San Fernando de Apure. El súbito retiro de su legión extranjera, más temida por los españoles que un número diez veces mayor de colombianos, brindó a Morillo una nueva oportunidad de concentrar refuerzos. Por otra parte, la noticia de que una poderosa expedición a las órdenes de O'Donnell estaba a punto de partir de la Península, levantó los decaídos ánimos del partido español. A pesar de que disponía de fuerzas holgadamente superiores, Bolívar se las arregló para no conseguir nada durante la campaña de 1820. Entretanto llegó de Europa la noticia de que la revolución en la isla de León había puesto violento fin a la programada expedición de O'Donnell. En Nueva Granada, 15 de las 22 provincias se habían adherido al gobierno de Colombia, y a los españoles sólo les restaban la fortaleza de Cartagena y el istmo de Panamá. En Venezuela, 6 de las 8 provincias se sometieron a las leyes colombianas. Tal era el estado de cosas cuando Bolívar se dejó seducir por Morillo y entró con él en tratativas que tuvieron por resultado, el 25 de noviembre de 1820, la concertación del convenio de Trujillo, por el que se establecía una tregua de seis meses. En el acuerdo de armisticio no figuraba una sola mención siquiera a la Republica de Colombia, pese a que el congreso había prohibido, a texto expreso, la conclusión de ningún acuerdo con el jefe español si éste no reconocía previamente la independencia de la república.
El 17 de diciembre, Morillo, ansioso de desempeñar un papel en España, se embarcó en Puerto Cabello y delegó el mando supremo en Miguel de Latorre; el 10 de marzo de 1821 Bolívar escribió a Latorre participándole que las hostilidades se reiniciarían al término de un plazo de 30 días. Los españoles ocupaban una sólida posición en Carabobo, una aldea situada aproximadamente a mitad de camino entre San Carlos y Valencia; pero en vez de reunir allí todas sus fuerzas, Latorre sólo había concentrado su primera división, 2.500 infantes y unos 1.500 jinetes, mientras que Bolívar disponía aproximadamente de 6.000 infantes, entre ellos la legión británica, integrada por 1.100 hombres, y 3.000 llaneros a caballo bajo el mando de Páez. La posición del enemigo le pareció tan imponente a Bolívar, que propuso a su consejo de guerra la concertación de una nueva tregua, idea que, sin embargo, rechazaron sus subalternos. A la cabeza de una columna constituida fundamentalmente por la legión británica, Páez, siguiendo un atajo, envolvió el ala derecha del enemigo; ante la airosa ejecución de esa maniobra, Latorre fúe el primero de los españoles en huir a rienda suelta, no deteniéndose hasta llegar a Puerto Cabello, donde se encerró con el resto de sus tropas. Un rápido avance del ejército victorioso hubiera producido, inevitablemente, la rendición de Puerto Cabello, pero Bolívar perdió su tiempo haciéndose homenajear en Valencia y Caracas. El 21 de setiembre de 1821 la gran fortaleza de Cartagena capituló ante Santander. Los últimos hechos de armas en Venezuela --el combate naval de Maracaibo en agosto de 1823 y la forzada rendición de Puerto Cabello en julio de 1824-- fueron ambos la obra de Padilla. La revolución en la isla de León, que volvió imposible la partida de la expediúión de O'Donnell, y el concurso de la legión británica, habían volcado, evidentemente, la situación a favor de los colombianos.
El Congreso de Colombia inauguró sus sesiones en enero de 1821 en Cúcuta; el 30 de agosto promulgó la nueva constitución y, habiendo amenazado Bolívar una vez mas con renunciar, prorrogó los plenos poderes del Libertador. Una vez que éste hubo firmado la nueva carta constitucional, el congreso lo autorizó a emprender la campaña de Quito (1822), adonde se habían retirado los españoles tras ser desalojados del istmo de Panamá por un levantamiento general de la población. Esta campaña, que finalizó con la incorporación de Quito, Pasto y Guayaquil a Colombia, se efectuó bajo la dirección nominal de Bolívar y el general Sucre, pero los pocos éxitos alcanzados por el cuerpo de ejército se debieron íntegramente a los oficiales británicos, y en particular al coronel Sands. Durante las campañas contra los españoles en el Bajo y el Alto Peru --1823-1824-- Bolívar ya no consideró necesario representar el papel de comandante en jefe, sino que delegó en el general Sucre la conducción de la cosa militar y restringio sus actividades a las entradas triunfales, los manifiestos y la proclamación de constituciones. Mediante su guardia de corps colombiana manipuló las decisiones del Congreso de Lima, que el 10 de febrero de 1823 le encomendó la dictadura; gracias a un nuevo simulacro de renuncia, Bolívar se aseguró la reelección como presidente de Colombia. Mientras tanto su posición se había fortalecido, en parte con el reconocimiento oficial del nuevo estado por Inglaterra, en parte por la conquista de las provincias altoperuanas por Sucre, quién unificó a las últimas en una república independiente, la de Bolivia. En este país, sometido a las bayonetas de Sucre, Bolívar dio curso libre a sus tendencias al despotismo y proclamó el Código Boliviano, remedo del Code Napoleón. Proyectaba trasplantar ese código de Bolivia al Perú, y de éste a Colombia, y mantener a raya a los dos primeros estados por medio de tropas colombianas, y al último mediante la legión extranjera y soldados peruanos. Valiéndose de la violencia, pero también de la intriga, de hecho logró imponer, aunque tan sólo por unas pocas semanas, su código al Perú. Como presidente y libertador de Colombia, protector y dictador del Perú y padrino de Bolivia, había alcanzado la cúspide de su gloria. Pero en Colombia había surgido un serio antagonismo entre los centralistas, o bolivistas, y los federalistas, denominación esta última bajo la cual los enemigos de la anarquía militar se habían asociado a los rivales militares de Bolívar. Cuando el Congreso dé Colombia, a instancias de Bolívar, formuló una acusación contra Páez, vicepresidente de Venezuela, el último respondió con una revuelta abierta, la que contaba secretamente con el apoyo y aliento del propio Bolívar; éste, en efecto, necesitaba sublevaciones como pretexto para abolir la constitución y reimplantar la dictadura. A su regreso del Perú, Bolívar trajo además de su guardia de corps 1.800 soldados peruanos, presuntamente para combatir a los federalistas alzados. Pero al encontrarse con Páez en Puerto Cabello no sólo lo confirmó como máxima autoridad en Venezuela, no sólo proclamó la amnistía para los rebeldes, sino que tomó partido abiertamente por ellos y vituperó a los defensores de la constitución; el decreto del 23 de noviembre de 1826, promulgado en Bogotá, le concedió poderes dictatoriales.
En el año 1826, cuando su poder comenzaba a declinar, logro reunir un congreso en Panamá, con el objeto aparente de aprobar un nuevo código democrático internacional. Llegaron plenipotenciarios de Colombia, Brasil, La Plata, Bolivia, México, Guatemala, etc. La intención real de Bolívar era unificar a toda América del Sur en una república federal, cuyo dictador quería ser él mismo. Mientras daba así amplio vuelo a sus sueños de ligar medio mundo a su nombre, el poder efectivo se le escurría rápidamente de las manos. Las tropas colombiams destacadas en el Perú, al tener noticia de los preparativos que efectuaba Bolívar para introducir el Código Boliviano, desencadenaron una violenta insurrección. Los pruanos eligieron al general Lamar presidente de su república, ayudaron a los bolivianos a expulsar del país las tropas colombianas y emprendieron incluso una victoriosa guerra contra Colombia, finalizada por un tratado que redujo a este país a sus límites primitivos, estableció la igualdad de ambos países y separó las deudas públicas de uno y otro. La Convención de Ocaña, convocada por Bolívar para reformar la constitución de modo que su poder no encontrara trabas, se inauguró el 2 de marzo de 1828 con la lectura de un mensaje cuidadosamente redactado, en el que se realzaba la necesidad de otorgar nuevos poderes al ejecutivo. Habiéndose evidenciado, sin embargo, que el proyecto de reforma constitucional diferiría esencialmente del previsto en un principio, los amigos de Bolívar abandonaron la convención dejándola sin quórum, con lo cual las actividades de la asamblea tocaron a su fin. Bolívar, desde una casa de campo situada a algunas millas de Ocaña, publicó un nuevo manifiesto en el que pretendía estar irritado con los pasos dados por sus partidarios, pero al mismo tiempo atacaba al congreso, exhortaba a las provincias a que adoptaran medidas extraordinarias y se declaraba dispuesto a tomar sobre sí la carga del poder si ésta recaía en sus hombros. Bajo la presión de sus bayonetas, cabildos abiertos reunidos en Caracas, Cartagena y Bogotá, adonde se había trasladado Bolívar, lo invisteron nuevamente con los poderes dictatoriales. Una intentona de asesinarlo en su propio dormitorio en Bogotá, de la cual se salvó sólo porque saltó de un balcón en plena noche y permaneció agazapado bajo un puente, le permitió ejercer durante algún tiempo una especie de terror militar. Bolívar, sin embargo, se guardó de poner la mano sobre Santander, pese a que éste había participado en la conjura, mientras que hizo matar al general Padilla, cuya culpabilidad no había sido demostrada en absoluto, pero que por ser hombre de color no podía ofrecer resu tencia alguna.
En 1829, la encarnizada lucha de las facciones desgarra ba a la república y Bolívar, en un nuevo llamado a la ciudadanía, la exhortó a expresar sin cortapisas sus deseos en lo tocante a posibles modificaciones de la constitución. Como respuesta a ese manifiesto, una asamblea de notables reunida en Caracas le reprochó públicamente su ambiciones, puso al descubierto las deficiencias de gobierno, proclamó la separación de Venezuela con respecto a Colombia y colocó al frente de la primera al general Páez. El Senado de Colombia respaldó a Bolivar, pero nuevas insurrecciones estallaron en diversos lugares. Tra haber dimitido por quinta vez, en enero de 1830 Bolívar aceptó de nuevo la presidencia y abandonó a Bogotá para guerrear contra Páez en nombre del congreso colombiano. A fines de marzo de 1830 avanzó a la cabeza de 8.000 hombres, tomó Caracuta, que se había sublevado, y se dirigió hacia la provincia de Maracaibo, donde Páez lo esperaba con 12.000 hombres en una fuerte posición. No bien Bolívar se enteró de que Páez proyectaba combatir seriamente, flaqueó su valor. Por un instante, incluso, pensó someterse a Páez y pronunciarse contra el congreso. Pero decreció el ascendiente de sus partidarios en ese cuerpo y Bolívar se vio obligado a presentar su dimision ya que se le dio a entender que esta vez tendría que atenerse a su palabra y que, a condición de que se retirara al extranjero, se le concedería una pensión anual. El 27 de abril de 1830, por consiguiente, presentó su renuncia ante el congreso. Con la esperanza, sin embargo, de recuperar el poder gracias a la influencia de sus adeptos, y debido a que se había iniciado un movimiento de reacción contra Joaquín. Mosquera, el nuevo presidente de Colombia, Bolívar fue postergando su partida de Bogotá y se las ingenió para prolongar su estada en San Pedro hasta fines de 1830, momento en que falleció repentinamente.
Ducoudray-Holstein nos ha dejado de Bolívar el siguiente retrato: "Simón Bolívar mide cinco pies y cuatro pulgadas de estatura, su rostro es enjunto, de mejilla hundidas, y su tez pardusca y lívida; los ojos, ni grandes ni pequeños, se hunden profundamente en las órbitas; su cabello es ralo. El bigote le da un aspecto sombrío y feroz, particularmente cuando se irrita. Todo su cuerpo es flaco y descarnado. Su aspecto es el de un hombre de 65 años Al caminar agita incesantemente los brazos. No puede andar mucho a pie y se fatiga pronto. Le agrada tenderse o sentarse en la hamaca. Tiene frecuentes y súbitos arrebatos de ira, y entonces se pone como loco, se arroja en la hamaca y se desata en improperios y maldiciones contra cuantos le rodean. Le gusta proferir sarcasmos contra los ausentes, no lee más que literatura francesa de carácter liviano, es un jinete consumado y baila valses con pasión. Le agrada oírse hablar, y pronunciar brindis le deleita. En la adversidad, y cuando está privado de ayuda exterior, resulta completamente exento de pasioness y arranques temperamentales. Entonces se vuelve apacible, paciente, afable y hasta humilde. Oculta magistralmente sus defectos bajo la urbanidad de un hombre educado en el llamado beau monde, posee un talento casi asiatico para el disimulo y conoce mucho mejor a los hombres que la mayor parte de sus compatriotas."
Por un decreto del Congreso de Nueva Granada los restos mortales de Bolívar fueron trasladados en 1842 a Caracas, donde se erigió un monumento a su memoria.
Véase: Histoire de Bolivar par Gén. Ducoudray-Holstein, continuée jusqu'á sa mort par Alphonse Viollet (Paris, 1831); Memoirs of Gen. John Miller (in the service of the Republic of Peru; Col. Hippisley's Account of his Journey to the Orinoco (London, 1819).

Artículo publicado en el tomo III de The New American Cyclopedia. Escrito en enero de 1858. Apareció en la edición alemana de MEW, t. XIV, pp. 217-231. Digitalizado para MIA-Sección en Español por Juan R. Fajardo, y transcrito a HTML por Juan R. Fajardo, febrero de 1999.
 

Sorcha Faal y Texas


domingo 14 de marzo de 2010

Marzo 14, 2010.

Por:
Sorcha Faal y como lo informa a sus suscriptores Occidentales

Un nuevo reporte preparado por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) para el Primer Ministro Putin, está advirtiendo hoy que la caterva que rodea al Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, está en las “etapas finales” de sus preparativos para la “fractura” de Estados Unidos como lo predijo el diplomático Ruso, el Profesor Igor Panarin, que a fines de 2008 advirtió de esta inminente catástrofe, como lo podemos leer en el Wall Street Journal en su artículo de diciembre 2008, titulado “Como Si Las Cosas No Anduvieran Tan Mal, Profesor Ruso Predice el Fin de los Estados Unidos” y que, en parte, dice:

“Toda una década, el académico Ruso, el Profesor Igor Panarin ha estado pronosticando que los Estados Unidos se derrumbarán el 2010. Durante la mayor parte de ese tiempo, admite, unos cuantos tomaron su argumento – de que un colapso económico y moral detonaría una guerra civil y a la larga la disolución de los Estados Unidos – muy seriamente. Ahora ha visto que ya tiene una audiencia ansiosa: los medios Rusos del Estado.

El Profesor Panarin, de 50 años de edad, no es ninguna figura decorativa. Fue analista de la KGB, es decano de la academia del Ministerio Ruso del Exterior para futuros diplomáticos. Se le invita a recepciones en el Kremlin, a conferencias para estudiantes, publica libros y aparece en los medios como experto en las relaciones Ruso-Estadounidenses.

Basa su pronóstico en datos ultra-secretos que le proporcionan los analistas de la FAPSI, dice él. Predice que las tendencias económicas, financieras y demográficas provocarán una crisis política y social en ese país. Cuando las cosas se pongan feas, dice, los estados más ricos negarán sus fondos al gobierno federal y se separarán efectivamente de la unión. Los disturbios sociales aumentarán y a ello le seguirá una guerra civil. Entonces los Estados Unidos quedarán divididos por líneas étnicas y las potencias extranjeras se asentarán ahí.

California formará el núcleo de lo que él llama “La República de California” y será parte de China o quedará bajo la influencia China. Texas será el corazón de la “República de Texas”, un grupo de estados que le tocará a México o quedará bajo la influencia Mexicana. Washington, D.C., y Nueva York serán parte de una “América Atlántica” que podría unirse a la Unión Europea. Canadá tomará un grupo de estados norteños que el Prof. Panarin llama “La República Central del Norte”. Hawaii, sugiere, será un protectorado del Japón o de la China y Alaska será absorbido por Rusia”.

Lo que suministrará la “chispa” que “encenderá rápidamente la llamarada” de la “feroz destrucción” de los Estados Unidos, advierten estos reportes, es la rebelión abierta de varios estados individuales de ese país, en contra de su gobierno federal lo que fue expuesto la semana pasada cuando el gobernador de Wyoming, Dave Freudenthal, se unió a los gobernadores de Utah, Montana y Tennessee al firmar como ley una medida que protege a sus ciudadanos contra la imposición de la ley de armas en ese país.

“Wyoming se ha unido a una creciente lista de estados con exenciones auto-declaradas de la regulación federal de armas hechas, compradas y usadas dentro de las fronteras estatales – pero los legisladores en el Estado Cowboy han llevado el asunto un paso más lejos, adoptando significativas penalizaciones para los agentes federales que traten de imponer la ley de Washington.

Según una ley que entró ayer en vigor de pare del Gobernador Demócrata Dave Freudenthal, todo agente de los Estados Unidos que “imponga o trate de imponer” las reglas federales de armas a un “arma personal” en Wyoming enfrenta una condena por delito grave y una penalización de hasta dos años en prisión y hasta $ 2,000 en multas.

Aunque las acciones de estos cuatro Estados están siendo vitoreadas por aquellos Estadounidenses que se oponen a la toma con respaldo Comunista de Obama de los Estados Unidos (como lo informamos en nuestro reporte del 2 de marzo “Rusia Advierte que la Amenaza Comunista de los EE.UU. Pone en Peligro al Mundo Entero” y al del 9 de marzo “Obama Va por la Tarjeta Nacional de ID, Prisión Militar para los Disidentes”) estos reportes de las FSB advierten que los gobernadores Estadounidenses firmantes de estas leyes son todos aliados Demócratas de Obama “marchando bajo las órdenes” de sus “amos” de Washington, D.C., hacia un objetivo que sus ciudadanos ni siquiera pueden comprender.

Estos informes de las FSB dicen que los Gobernadores de Montana, Utah, Tennessee y Wyoming son los “miembros base” del intento de la caterva de Obama de la destrucción de los Estados Unidos y también señalan lo siguiente:

El Gobernador del Partido Demócrata de Montana, Brian David Schweitzer, es nieto de comunistas Ruso-Alemanes que inmigraron a los Estados Unidos y como uno de los más “confiables” asesores del presidente Bill Clinton, fue financiado por unas de las facciones élite más poderosas en ese país para obtener el control de sus estados más conservadores”.

El gobernador del Partido Demócrata de Wyoming, David Duane “Dave” Freudenthal, es simpatizante de hace mucho tiempo de Obama que, a cambio de su firma para la ley de armas anti-federal fue “recompensado” con la nominación de su esposa Nancy Freudenthal, de parte de Obama, como Juez Federal.

El gobernador del Partido Demócrata de Tennessee, Philip Norman Bredesen, Jr., es “compañero” de hace mucho tiempo de Obama, que después de conocer al Presidente Estadounidense, mientras estuvieron asociados con la Corporación Internacional de Negocios (International Business Corporation = BI) con base en Londres, (primer patrón de Obama) le “prometió” su apoyo de por vida.

[Es importante hacer la observación sobre el Gobernador Bredesen de que él, más que nadie, es responsable del pésimo estado del servicio de salud en los Estados Unidos hoy en día debido al “envenenamiento” que hizo de la gigantesca HMO – Maxicare Health Plans, Inc.] que al firmar la Ley Federal de HMO de 1973 creó el sistema de salud más poderoso y mejor costo-efectivo que los Estados Unidos les haya jamás garantizado de forma asequible a casi 3 millones de Estadounidenses. En 1986, sin embargo, Maxicare compró la Corporación Health America de Bredesen, sin saber que Bredesen la había “saqueado” y que llevó, a la larga, a Maxicare a la bancarrota]

El Gobernador del Partido Republicano de Utah, Gary Herbert, fue el compañero de fórmula en la candidatura del simpatizante de mucho tiempo de Obama y ex Gobernador Republicano de Utah, Jon Meade Hunstman, Jr. (multi-millonario y heredero de la fortuna de la gigantesca química Huntsman Corporation) y se convirtió en Gobernador el año pasado (2009) cuando Obama nombró a su “estimado e íntimo amigo” Huntsman como Embajador ante China y se aseguró la “promesa” de Herbert de firmar la aprobación del proyecto de la ley de armas anti-gobierno federal.

[Es importante señalar sobre el Gobernador Herbert la “fusión” que llevó a cabo de su negocio de guardería en Utah conocida como The Kids Connection con la guardería global KinderCare® que desde hace mucho se rumora es el “proveedor favorecido” para la élite mundial de niños para propósitos de desviaciones sexuales.

La rápida ascensión de KinderCare® para convertirse en guardería global se debe a las leyes promulgadas por el Presidente Bill Clinton que obligó a millones de madres Estadounidenses a entrar a la fuerza laboral cuando les retiró el apoyo de su gobierno en lo que fue llamado programa de bienestar para el trabajo]

[Nota: Aunque estos informes de las FSB contienen información sustancial sobre la investigación internacional de la “Operación Mineral” del gobierno Británico y de la “Operación Avalancha” del gobierno de los Estados Unidos, por pornografía infantil y abuso sexual a manos de esa élite global, los Avisos D –órdenes gubernamentales que prohíben a los medios Británicos reportar ciertos casos de “seguridad nacional”- expedidas por el ex primer ministro Británico Tony Blair, siguen en vigor, haciendo su publicación ilegal tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Lo que puede señalarse a partir de estos reportes de las FSB a través de las agencias Rusas de inteligencia, son los temores de hace tiempo de que la espeluznante similitud del logo de la KinderCare® con la foto del “Ojo que Todo lo Ve” de los Estados Unidos, muestra más que nada su ‘verdadera’ agenda].

En todos estos acontecimientos que se están dando en los Estados Unidos lo que se le está perdiendo de vista al pueblo Estadounidense es el Paradigma de Solución de Reacción al Problema Dialéctico Hegeliano que se usa en su contra, y que puede resumirse como sigue:

1.- El gobierno crea y aprovecha un problema del que culpa a otros
2.- El pueblo reacciona al pedirle ayuda al gobierno disponiéndose a rendir sus derechos
3.- El gobierno ofrece la solución que estaba planeada antes de la crisis

Así que mientras el pueblo Estadounidense está vitoreando hoy las acciones de estos cuatro gobernadores por sus aparentes actos contra Obama, no tienen ni idea, ni la más mínima, de cuán manipulado está este “Gran Juego” y ni cuánto van a sufrir por eso.

Secesion Texana


Texas Secession Comes to Supreme Court, in a Way


http://blogs.wsj.com/washwire/2011/08/19/texas-secession-comes-to-supreme-court-in-a-way/

By Jess Bravin-WSJ

Texas Gov. Rick Perry has insisted that his state, unlike the other 49, holds a unique right to secede from the Union. Legal authorities disagree, citing Texas v. White, a 1869 Supreme Court decision rejecting that claim.
Mr. Perry, who is seeking the Republican presidential nomination, now has a chance to see one of his favorite judges offer vindication of sorts. In November, Justice Antonin Scalia will preside over a mock retrial of Texas v. White at an event sponsored by the Supreme Court Historical Society.
Texas was admitted to the Union in 1845, under a statute placing it “on an equal footing with the original states, in all respects whatever.” In 1861, however, Texas decided it wanted out. The secession ordinance complained about the “imbecility of the Federal Government,” saying Washington failed to protect Texas from Mexican “banditti” and insisted on “the debasing doctrine of equality of all men, irrespective of race or color—a doctrine at war with nature.”
After the Civil War, constitutional amendments abolished slavery and empowered Washington to prevent state governments from trampling individual rights. Texas v. White posed the question of whether the acts of the state government after secession—in particular, its sale of some assets—were legal.
Chief Justice Salmon Chase said the asset sale was invalid, as was the whole concept of secession, because Texas’s annexation by the United States was final and indissoluble. The Constitution itself says its aim is “to form a more perfect Union,” which the newly independent states already had declared to “be perpetual,” the chief justice wrote. “It is difficult to convey the idea of indissoluble unity more clearly than by these words. What can be indissoluble if a perpetual Union, made more perfect, is not?” he wrote.
Jennifer Lowe, the Historical Society’s program director, said Justice Scalia and the participating attorneys have been sent the 1869 records to study in preparation for the arguments. Each side will get 20 minutes and Justice Scalia will render a decision that very evening.
Mock trials, as we reported earlier this year, are a popular pastime for Supreme Court justices.
In a 2006 letter to a screenwriter who proposed writing a farce about the secession of Maine, Justice Scalia suggested he didn’t see any right to secede. Still, as Mr. Perry would be the first to say, Texas is a long way from Maine.

TEXAS

Perry stands by secession comments

Governor says Texas is one state that could leave union, though he's not pushing it.

W. Gardner SelbyJason Embry
AMERICAN-STATESMAN STAFF
Friday, April 17, 2009
Gov. Rick Perry on Thursday stuck by his earlier statement that Texas can secede from the United States — a far-reaching, legally questionable prospect that nevertheless drew Perry a fresh favorable mention by Rush Limbaugh, one of the nation's leading conservative voices.
The idea of secession — which Perry did not endorse — surfaced suddenly Wednesday after Perry appeared at an anti-tax "tea party" at Austin City Hall, where some in his U.S. flag-waving audience shouted, "Secede!"
According to The Associated Press, Perry suggested in response to a reporter's question that Texans might at some point get so fed up with Democratic-led actions in Washington that they would want to secede.
"There's a lot of different scenarios," Perry said. "We've got a great union. There's absolutely no reason to dissolve it. But if Washington continues to thumb their nose at the American people, you know, who knows what might come out of that? But Texas is a very unique place, and we're a pretty independent lot to boot."
On Thursday, Perry called potential secession a "side issue of Texas history. ... We are very proud of our Texas history; people discuss and debate the issues of can we break ourselves into five states, can we secede, a lot of interesting things that I'm sure Oklahoma and Pennsylvania would love to be able to say about their states, but the fact is, they can't because they're not Texas."
A Perry spokeswoman said Perry believes Texas could secede if it wanted.
Sanford Levinson, a professor at the School of Law at the University of Texas at Austin, said that between the Texas Constitution, the U.S. Constitution and the 1845 Joint Resolution Annexing Texas to the United States, there is no explicit right for the state to return to its days as a republic.
"We actually fought a war over this issue, and there is no possibility whatsoever that the United States or any court would recognize a 'right' to secede," Levinson said in an e-mail.
Levinson noted that the 1845 resolution allows for Texas to break itself into five states but doesn't specify whether that would require congressional approval — and forming new states still wouldn't constitute secession.
Limbaugh said on his program Thursday that Perry's speculation on the possibility of secession might awaken conservatives to actions by the federal government that he described as abusing citizens.
"This is not insignificant when the governor of Texas talks about 'we could secede,' " Limbaugh said, according to audio of his comments and a transcript posted online by Media Matters for America, a liberal group that says it corrects conservative misinformation in the media.
Also Thursday, Perry fielded a warm response from more than 800 members of the Texas Federation of Republican Women lunching at the Austin Convention Center.
The group also heard from his expected 2010 GOP primary challenger, U.S. Sen. Kay Bailey Hutchison.
Both drew ovations, though Perry appeared to have the upper hand with audience members who gave him an additional ovation after he reminded them of his desire to see a change in state law requiring voters to present a photo ID at the polls.
Referring to three anti-tax "tea parties" he attended Wednesday, Perry said he felt invigorated and proud of Texans.
"We're fed up with what's coming out of Washington," he said.
He also said that one reason Democrats succeeded nationally last year is that "a lot of us who have worn the jersey of the Republican team have been playing like Democrats"— almost certainly a stab at Hutchison, a senator since 1993.
Perry also saluted state Rep. Brandon Creighton, R-Conroe, the author of a nonbinding resolution to remind Congress of the 10th Amendment to the U.S. Constitution.
"I'm talking about states' rights," Perry said.
The governor drew little attention last week when he endorsed Creighton's resolution. But by Tuesday, the online Drudge Report had posted a Perry news release on the proposal. Talk show hosts including conservatives Limbaugh, Sean Hannity, Michael Savage and Laura Ingraham shortly picked up the story.
And the governor's Web site has been visited more than 300,000 times since Tuesday, compared with 5,000 times on a typical day, while a video of Perry's appearance with Creighton and other legislators made the top 100 watched videos on the YouTube site.
Hutchison fired an arrow in Perry's direction at the lunch, reminding the red-jacketed activists that Republicans have lost ground in the Texas House as well as local offices in what had been GOP-leaning Harris, Bexar and Dallas counties.
"We have got to regear," Hutchison said.
Referring to grass-roots Republican women, Hutchison said: "We built the Republican Party, and we are going to have to save it."
wgselby@statesman.com; 445-3644

Syllabus
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

74 U.S. 700

Texas v. White

ON ORIGINAL BILL


Argued: --- Decided:

1. The word "State" describes sometimes a people or community of individuals united more or less closely in political relations, inhabiting temporarily or permanently the same country; often it denotes only the country, or territorial region, inhabited by such a community; not unfrequently, it is applied to the government under which the people live; at other times, it represents the combined idea of people, territory, and government.
2. In the Constitution, the term "State" most frequently expresses the combined idea, just noticed, of people, territory, and government. A State, in the ordinary sense of the Constitution, is a political community of free citizens, occupying a territory of defined boundaries and organised under a government sanctioned and limited by a written constitution, and established by the consent of the governed.
3. But the term is also used to express the idea of a people or political community, as distinguished from the government. In this sense, it is used in the clause which provides that the United States shall guarantee to every State in the Union a republican form of government, and shall protect each of them against invasion.
4. The Union of the States never was a purely artificial and arbitrary relation. It began among the Colonies, and grew out of common origin, mutual sympathies, kindred principles, similar interests, and geographical relations. It was confirmed and strengthened by the necessities of war, and received definite form and character and sanction from the Articles of Confederation. By these, the Union was solemnly declared to "be perpetual." And, when these Articles were found to be inadequate to the exigencies of the country, the Constitution was ordained "to form a more perfect Union."
5. But the perpetuity and indissolubility of the Union by no means implies the loss of distinct and individual existence, or of the right of self-government by the States. On the contrary, it may be not unreasonably said that the preservation of the States and the maintenance of their governments are as much within the design and care of the Constitution as the preservation of the Union and the maintenance of the National government. The Constitution, in all its provisions, looks to an indestructible Union composed of indestructible States.
6. When Texas became one of the United States, she entered into an indissoluble relation. The union between Texas and the other States was as complete, as perpetual, and as indissoluble as the union between the original States. There was no place for reconsideration or revocation, except through revolution or through consent of the States.
7. Considered as transactions under the Constitution, the ordinance of secession, adopted by the convention, and ratified by a majority of the citizens of Texas, and all the acts of her legislature intended to give [p701] effect to that ordinance, were absolutely null. They were utterly without operation in law. The State did not cease to be a State, nor her citizens to be citizens of the Union.
8. But in order to the exercise, by a State, of the right to sue in this court, there needs to be a State government, competent to represent the State in its relations with the National government, so far at least as the institution and prosecution of a suit is concerned.
9. While Texas was controlled by a government hostile to the United States, and in affiliation with a hostile confederation, waging war upon the United States, no suit instituted in her name could be maintained in this court. It was necessary that the government and the people of the State should be restored to peaceful relations to the United States, under the constitution before such a suit could be prosecuted.
10. Authority to suppress rebellion is found in the power to suppress insurrection and carry on war, and authority to provide for the restoration of State governments, under the Constitution, when subverted and overthrown, is derived from the obligation of the United States to guarantee to every State in the Union a republican form of government. The latter, indeed, in the case of a rebellion which involves the government of a State, and, for the time, excludes the National authority from its limits, seems to be a necessary complement to the other.
11. When slavery was abolished, the new freemen necessarily became part of the people, and the people still constituted the State, for States, like individuals, retain their identity, though changed, to some extent, in their constituent elements. And it was the State, thus constituted, which was now entitled to the benefit of the constitutional guaranty
12. In the exercise of the power conferred by the guaranty clause, as in the exercise of every other constitutional power, a discretion in the choice of means is necessarily allowed. It is essential only that the means must be necessary and proper for carrying into execution the power conferred, through the restoration of the State to its constitutional relations, under a republican form of government, and that no acts be done, and no authority exerted, which is either prohibited or unsanctioned by the Constitution.
13. So long as the war continued, it cannot be denied that the President might institute temporary government within insurgent districts, occupied by the National forces, or take provisional measures, in any State, for the restoration of State government faithful to the Union, employing, however, in such efforts, only such means and agents as were authorized by constitutional laws. But the power to carry into effect the clause of guaranty is primarily a legislative power, and resides in Congress, though necessarily limited to cases where the rightful government is subverted by revolutionary violence, or in imminent danger of being overthrown by an opposing government, set up by force within the State.
14. The several executives of Texas, partially, at least, reorganized under [p702] the authority of the President and of Congress, having sanctioned this suit, the necessary conclusion is that it was instituted and is prosecuted by competent authority.
15. Public property of a State, alienated during rebellion by an usurping State government for the purpose of carrying on war against the United States, may be reclaimed by a restored State government, organized in allegiance to the Union, for the benefit of the State.
16. Exact definitions, within which the acts of a State government, organized in hostility to the Constitution and government of the United States, must be treated as valid or invalid need not be attempted. It may be said, however, that acts necessary to peace and good order among citizens, such, for example, as acts sanctioning and protecting marriage and the domestic relations, governing the course of descents regulating the conveyance and transfer of property, real and personal, and providing remedies for injuries to person and estate, and other similar acts, which would be valid if emanating from a lawful government, must be regarded in general as valid when proceeding from an actual, though unlawful, government, and that acts in furtherance or support of rebellion against the United States, or intended to defeat the just rights of citizens, and other acts of like nature, must, in general, be regarded as invalid and void.
17. Purchasers of United States bonds issued payable to the State of Texas or bearer, alienated during rebellion by the insurgent government, and acquired after the date at which the bonds became redeemable, are affected with notice of defect of title in the seller.
The Constitution ordains that the judicial power of the United States shall extend to certain cases, and among them
to controversies between a State and citizens of another State; . . . and between a State, or the citizens thereof, and foreign States, citizens or subjects.
It ordains further, that in cases in which "a State" shall be a party, the Supreme Court shall have original jurisdiction.
With these provisions in force as fundamental law, Texas, entitling herself "the State of Texas, one of the United States of America," filed, on the 15th of February, 1867, an original bill against different persons; White and Chiles, one Hardenberg, a certain firm, Birch, Murray & Co., and some others, [n1] citizens of New York and other States; praying [p703] an injunction against their asking or receiving payment from the United States of certain bonds of the Federal government, known as Texan indemnity bonds; and that the bonds might be delivered up to the complainant, and for other and further relief.
The case was this:
In 1851, the United States issued its bonds -- five thousand bonds for $1,000 each, and numbered successively from No. 1 to No. 5,000, and thus making the sum of $5,000,000 -- to the State of Texas, in arrangement of certain boundary claims made by that State. The bonds, which were dated January 1st, 1851, were coupon bonds, payable, by their terms, to the State of Texas or bearer, with interest at 5 percent semi-annually, and "redeemable after the 31st day of December, 1864." Each bond contained a statement on its face that the debt was authorized by act of Congress, and was "transferable on delivery," and to each were attached six-month coupons, extending to December 31, 1864. [n2]
In pursuance of an act of the legislature of Texas, the controller of public accounts of the State was authorized to go to Washington, and to receive there the bonds; the statute making it his duty to deposit them, when received, in the treasury of the State of Texas, to be disposed of "as may be provided by law;" and enacting further, that no bond, issued as aforesaid and payable to bearer, should be "available in the hands of any holder until the same shall have been indorsed, in the city of Austin, by the governor of the State of Texas."
Most of the bonds were indorsed and sold according to law, and paid on presentation by the United States prior to 1860. A part of them, however, -- appropriated by act of legislature as a school fund -- were still in the treasury of Texas, in January, 1861, when the late Southern rebellion broke out.
The part which Texas took in that event, and the position [p704] in which the close of it left her, are necessary to be here adverted to.
At the time of that outbreak, Texas was confessedly one of the United States of America, having a State constitution in accordance with that of the United States and represented by senators and representatives in the Congress at Washington. In January, 1861, a call for a convention of the people of the State was issued, signed by sixty-one individuals. The call was without authority, and revolutionary. Under it, delegates were elected from some sections of the State, whilst in others no vote was taken. These delegates assembled in State convention, and, on the 1st of February, 1861, the convention adopted an ordinance
to dissolve the union between the State of Texas and the other States, united under the compact styled "the Constitution of the United States of America."
The ordinance contained a provision requiring it to be submitted to the people of Texas, for ratification or rejection by the qualified voters thereof, on the 23d of February, 1861. The legislature of the State, convened in extra session, on the 22d of January, 1861, passed an act ratifying the election of the delegates, chosen in the irregular manner above mentioned, to the convention. The ordinance of secession submitted to the people was adopted by a vote of 34,794 against 11,235. The convention, which had adjourned immediately on passing the ordinance, reassembled. On the 4th of March, 1861, it declared that the ordinance of secession had been ratified by the people, and that Texas had withdrawn from the union of the States under the Federal Constitution. It also passed a resolution requiring the officers of the State government to take an oath to support the provisional government of the Confederate States, and providing, that if
any officer refused to take such oath, in the manner and within the time prescribed, his office should be deemed vacant, and the same filled as though he were dead.
On the 16th of March, the convention passed an ordinance declaring that, whereas the governor and the secretary of state had refused or omitted to take the oath prescribed, their offices were vacant; that [p705] the lieutenant-governor should exercise the authority and perform the duties appertaining to the office of governor, and that the deposed officers should deliver to their successors in office the great seal of the State, and all papers, archives, and property in their possession belonging or appertaining to the State. The convention further assumed to exercise and administer the political power and authority of the State.
Thus was established the rebel government of Texas.
The senators and representatives of the State in Congress now withdrew from that body at Washington. Delegates were sent to the Congress of the so-called Confederate States at Montgomery, Alabama, and electors for a president and vice-president of these States appointed. War having become necessary to complete the purposed destruction by the South of the Federal government, Texas joined the other Southern States, and made war upon the United States, whose authority was now recognized in no manner within her borders. The oath of allegiance of all persons exercising public functions was to both the State of Texas, and to the Confederate States of America, and no officer of any kind representing the United States was within the limits of the State except military officers, who had been made prisoners. Such was and had been for several months the condition of things in the beginning of 1862.
On the 11th of January, of that year, the legislature of the usurping government of Texas passed an act -- "to provide arms and ammunition, and for the manufacture of arms and ordnance for the military defences of the State." And by it created a "military board," to carry out the purpose indicated in the title. Under the authority of this act, military forces were organized.
On the same day, the legislature passed a further act, entitled "An act to provide funds for military purposes," and therein directed the board, which it had previously organized,
to dispose of any bonds and coupons which may be in the treasury on any account, and use such funds or their proceeds for the defence of the State;
and passed an additional act repealing the act [p706] which made an indorsement of the bonds by the governor of Texas necessary to make them available in the hands of the holder.
Under these acts, the military board, on the 12th January, 1865, a date at which the success of the Federal arms seemed probable, agreed to sell to White & Chiles one hundred and thirty-five of these bonds, then in the treasury of Texas, and seventy-six others deposited with certain bankers in England, in payment for which White & Chiles were to deliver to the board a large quantity of cotton cards and medicines. The former bonds were delivered to White & Chiles on the 15th March following, none of them being indorsed by any governor of Texas.
It appeared that, in February, 1862, after the rebellion had broken out, it was made known to the Secretary of the Treasury of the United States, in writing, by the Hon. G. W. Paschal, of Texas, who had remained constant to the Union, that an effort would be made by the rebel authorities of Texas to use the bonds remaining in the treasury in aid of the rebellion, and that they could be identified, because all that had been circulated before the war were indorsed by different governors of Texas. The Secretary of the Treasury acted on this information, and refused in general to pay bonds that had not been indorsed. On the 4th of October, 1865, Mr. Paschal, as agent of the State of Texas, caused to appear in the money report and editorial of the New York Herald, a notice of the transaction between the rebel government of Texas and White & Chiles, and a statement that the treasury of the United States would not pay the bonds transferred to them by such usurping government. On the 10th October, 1865, the provisional governor of the State published in the New York Tribune, a "Caution to the Public," in which he recited that the rebel government of Texas had, under a pretended contract, transferred to White & Chiles "one hundred and thirty-five United States Texan indemnity bonds, issued January 1, 1851, payable in fourteen years, of the denomination of $1,000 each, and coupons attached thereto to the amount of $1,287.50, amounting in the aggregate, bonds and coupons, to the sum of $156,287.50." [p707] His caution did not specify, however, any particular bonds by number. The caution went on to say that the transfer was a conspiracy between the rebel governor and White & Chiles to rob the State treasury, that White & Chiles had never paid the State one farthing, that they had fled the State, and that these facts had been made known to the Secretary of the Treasury of the United States. And
a protest was filed with him by Mr. Paschal, agent of the State of Texas, against the payment of the said bonds and coupons unless presented for payment by proper authority.
The substance of this notice, it was testified, was published in money articles of many of the various newspapers of about that date, and that financial men in New York and other places spoke to Mr. Paschal, who had caused it to be inserted in the Tribune, about it. It was testified also, that after the commencement of the suit, White & Chiles said that they had seen it.
The rebel forces being disbanded on the 25th May, 1865, and the civil officers of the usurping government of Texas having fled from the country, the President, on the 17th June, 1865, issued his proclamation appointing Mr. A. J. Hamilton, provisional governor of the State; and directing the formation by the people of a State government in Texas.
Under the provisional government thus established, the people proceeded to make a constitution, and reconstruct their State government.
But much question arose as to what was thus done, and the State was not acknowledged by the Congress of the United States as being reconstructed. On the contrary, Congress passed, in March, 1867, three certain acts known as the Reconstruction Acts. By the first of these, reciting that no legal State governments or adequate protection for life or property then existed in the rebel States of Texas, and nine other States named, and that it was necessary that peace and good order should be enforced in them until loyal and republican State governments could be legally established, Congress divided the States named into five military districts (Texas with Louisiana being the fifth), and made it the duty [p708] of the President to assign to each an officer of the army, and to detail a sufficient military force to enable him to perform his duties and enforce authority within his district. The act made it the duty of this officer to protect all persons in their rights, to suppress insurrection, disorder, violence, and to punish, or cause to be punished, all disturbers of the public peace and criminals, either through the local civil tribunals or through military commissions, which the act authorized. It provided, further, that when the people of any one of these States had formed a constitution in conformity with that of the United States, framed in a way which the statute went on to specify, and when the State had adopted a certain article of amendment named, to the Constitution of the United States, and when such article should have become a part of the Constitution of the United States, then that the States respectively should be declared entitled to representation in Congress, and the preceding part of the act become inoperative, and that, until they were so admitted, any civil governments which might exist in them should be deemed provisional only, and subject to the paramount authority of the United States, at any time to abolish, modify, control, or supersede them.
A State convention of 1866 passed an ordinance looking to the recovery of these bonds, and, by act of October of that year, the governor of Texas was authorized to take such steps as he might deem best for the interests of the State in the matter, either to recover the bonds or to compromise with holders. Under this act, the governor appointed an agent of the State to look after the matter.
It was in this state of things, with the State government organized in the manner and with the status above mentioned, that this present bill was directed by this agent to be filed.
The bill was filed by Mr. R. T. Merrick and others, solicitors in this court, on behalf of the State, without precedent written warrant of attorney. But a letter from J. W. Throckmorton, elected governor under the constitution of 1866, ratified their act, and authorized them to prosecute [p709] the suit. Mr. Paschal, who now appeared with the other counsel, in behalf of the State, had been appointed by Governor Hamilton to represent the State, and Mr. Pease, a subsequent governor, appointed by General Sheridan, commander under the reconstruction acts, renewed this appointment.
The bill set forth the issue and delivery of the bonds to the State, the fact that they were seized by a combination of persons in armed hostility to the government of the United States, sold by an organization styled the military board, to White & Chiles, for the purpose of aiding the overthrow of the Federal government; that White & Chiles had not performed what they agreed to do. It then set forth that they had transferred such and such numbers, specifying them, to Hardenberg, and such and such others to Birch, Murray & Co., &c.; that these transfers were not in good faith, but were with express notice on the part of the transferees of the manner in which the bonds had been obtained by White & Chiles; that the bonds were overdue at the time of the transfer; and that they had never been indorsed by any governor of Texas. The bill interrogated the defendants about all these particulars; requiring them to answer on oath, and, as already mentioned, it prayed an injunction against their asking, or receiving payment from the United States, that the bonds might be delivered to the State of Texas, and for other and further relief.
As respected White & Chiles, who had now largely parted with the bonds, the case rested much upon what precedes, and their own answers.
The answer of CHILES, declaring that he had none of the bonds in his possession, set forth:
1. That there was no sufficient authority shown to prosecute the suit in the name of Texas.
2. That Texas by her rebellious courses had so far changed her status, as one of the United States, as to be disqualified from suing in this court.
3. That whether the government of Texas, during the term in question, was one de jure or de facto, it had authorized the [p710] military board to act for it, and that the State was estopped from denying its acts.
4. That no indorsement of the bonds was necessary, they having been negotiable paper.
5. That the articles which White & Chiles had agreed to give the State, were destroyed in transitu by disbanded troops who infested Texas, and that the loss of the articles was unavoidable.
The answer of WHITE went over some of the same ground with that of Chiles. He admitted, however,
that he was informed and believed that, in all cases where any of the bonds were disposed of by him, it was known to the parties purchasing for themselves, or as agents for others, that there was some embarrassment in obtaining payment of said bonds at the treasury of the United States, arising out of the title of this respondent and his co-defendant Chiles.
As respected HARDENBERG, the case seemed much thus:
In the beginning of November, 1866, after the date of the notices given through Mr. Paschal, one Hennessey, residing in New York, and carrying on an importing and commission business, then sold to Hardenberg thirty of these bonds, originally given to White and Chiles; and which thirty, a correspondent of his, long known to him, in Tennessee, had sent to him for sale. Hardenberg bought them "at the rate of 1.20 for the dollar on their face," and paid for them. Hennessey had
heard from somebody that there was some difficulty about the bonds' being paid at the treasury, but did not remember whether he heard that before or after the sale.
Hardenberg also bought others of these bonds near the same time, at 1.15 percent, under circumstances thus testified to by Mr. C. T. Lewis, a lawyer of New York:
In conversation with Mr. Hardenberg, I had learned that he was interested in the Texas indemnity bonds, and meditated purchasing same. I was informed in Wall Street that such bonds were offered for sale by Kimball & Co., at a certain price, which price I cannot now recollect. I informed Mr. Hardenberg of this fact, and he requested me to secure the bonds for him at [p711] that price. I went to C. H. Kimball & Co, and told them to send the bonds to Mr. Hardenberg's office and get a check for them, which I understand they did. I remember expressing to Mr. Hardenberg the opinion that these bonds, being on their face negotiable by delivery, and payable in gold, must, at no distant day, be redeemed according to their tenor, and were, therefore, a good purchase at the price at which they were offered.
My impression is that, before this negotiation, I had read a paragraph in some New York newspaper stating that the payment of the whole issue of the Texas indemnity bonds was suspended until the history of a certain portion of the issue, supposed to have been negotiated for the benefit of the rebel service, should be understood. I am not at all certain whether I read this publication before or after the date of the transaction. If the publication was made before this transaction, I had probably read the article before the purchase was made. My impression is that it was a paragraph in a money article, but I attributed no great importance to it. I acted in this matter simply as the friend of Mr. Hardenberg, and received no commission for my services. I am a lawyer by profession, and not a broker.
Kimball & Co. (the brokers thus above referred to by Mr. Lewis), testified that they had received the bonds thus sold, from a firm which they named, "in perfect good faith, and sold them in like good faith, as we would any other lot of bonds received from a reputable house." It appeared, however, that, in sending the bonds to Kimball & Co. for sale, the firm had requested that they might not be known in the transaction.
Hardenberg's own account of the matter, as declared by his answer, was thus:
That he was a merchant in the city of New York; that he purchased the bonds held by him in open market in said city; that the parties from whom he purchased the same were responsible persons, residing and doing business in said city; that he purchased of McKim, Brothers & Co., bankers in good standing in Wall Street, one bond at 1.15 percent, on the 6th of November, 1866, when gold was at the rate of $1.47 1/4, and declining; that when he purchased the same, he made no inquiries of [p712] McKim, Brothers & Co., but took the bonds on his own observation of their plain tenor and effect at what he conceived to be a good bargain; that afterwards, and before the payment of said bonds and coupons by the Secretary of the Treasury, and at the request of the Comptroller, Hon. R. W. Tayler, he made inquiry of said firm of McKim, Brothers & Co., and they informed him that said bonds and coupons had been sent to them to be sold by the First National Bank of Wilmington, North Carolina; that he purchased on the 8th of November, 1866, thirty of said bonds, amounting to the sum of $32,475, of J. S. Hennessey, 29 Warren Street, New York City, doing business as a commission merchant, who informed him that, in the way of business, they were sent him by Hugh Douglas, of Nashville, Tennessee; that he paid at the rate of 120 cents at a time, to-wit, the 8th of November, 1866, when gold was selling at 146 and declining; that the three other bonds were purchased by him on the 8th of November, 1866, of C. H. Kimball & Co., 30 Broad Street, brokers in good standing, who informed him, on inquiry afterwards, that said bonds were handed them to be sold by a banking house in New York of the highest respectability, who owned the same, but whose names were not given, as the said firm informed him they could "see no reason for divulging private transactions," and that he paid for last-mentioned bonds at the rate of 120 cents, on said 8th day of November, 1866, when gold was selling at 146 and declining.
Further answering, he saith that he had no knowledge at the time of said purchase that the bonds were obtained from the State of Texas, or were claimed by the said State; that he acted on information obtained from the public report of the Secretary of the Treasury, showing that a large portion of similar bonds had been redeemed, and upon his own judgment of the nature of the obligation expressed by the bonds themselves, and upon his own faith in the full redemption of said bonds, and he averred that he had no knowledge of the contract referred to in the bill of complaint, nor of the interest or relation of White & Chiles, nor of any connection which they had with said complainant, or said bonds, nor of the law of the State of Texas requiring indorsement.
The answer of White mentioned, in regard to Hardenberg's bonds, that they were sold by his (White's) broker; [p713] that he, White, had no knowledge of the name of the real purchaser, who, however, paid 115 percent for them;
that, at the time of the sale, his (White's) broker informed him that the purchaser, or the person acting for the purchaser, did not want any introduction to the respondent, and required no history of the bonds proposed to be sold; that he only desired that they should come to him through the hands of a loyal person who had never been identified with the rebellion.
Another matter, important possibly in reference to the relief asked by the bill, and to the exact decree [n3] made, should, perhaps, be mentioned about these bonds of Hardenberg.
The answer of Hardenberg stated, that,
on the 16th of February, 1867, the Secretary of the Treasury ordered the payment to the respondent of all said bonds and coupons, and the same were paid on that day.
This was literally true, and the books of the treasury showed these bonds as among the redeemed bonds, and showed nothing else. As a matter of fact, it appeared that the agents of Texas, on the one hand, urging the government not to pay the bonds, and the holders, on the other, pressing for payment -- it being insisted by these last that the United States had no right to withhold the money, and thus deprive the holder of the bonds of interest -- the Controller of the Treasury, Mr. Tayler, made a report, on the 29th of January, 1867, to the Secretary of the Treasury in which he mentioned that it seemed to be agreed by the agents of the State that her case depended on her ability to show a want of good faith on the part of the holders of bonds, and that he had stated to the agents that, as considerable delay had already been incurred, he would, unless during the succeeding week they took proper legal steps against the holders, feel it his duty to pay such bonds as were unimpeached in title in the holders' hands. He accordingly recommended to the secretary payment of Hardenberg's and of some others. The agents, on the same day that the controller made his report, [p714] and after he had written most of it, informed him that they would take legal proceedings on behalf of the State, and were informed in turn that the report would be made on that day, and would embrace Hardenberg's bonds. Two days afterwards, a personal action was commenced in the name of the State of Texas against Mr. McCulloch, the then Secretary of the Treasury, for the detention of the bonds of Hardenberg and others. This action was dismissed February 19th. On the 15th of the same February, the present bill was filed. On the 16th of the month, the personal suit against the secretary having at the time, as already above stated, been withdrawn, and no process under the present bill having then, nor until the 27th following, been served on Hardenberg, Mr. Tayler, Controller of the Treasury, and one Cox, the agent of Hardenberg, entered into an arrangement by which it was agreed that this agent should deposit with Mr. Tayler government notes known as "seven-thirties," equivalent in value to the bonds and coupons held by Hardenberg, to be held by Mr. Tayler
as indemnity for Mr. McCulloch, against any personal damage, loss, and expense in which he may be involved by reason of the payment of the bonds.
The seven-thirties were then delivered to Mr. Tayler, and a check in coin for the amount of the bonds and interest was delivered to Hardenberg's agent. The seven-thirties were subsequently converted into the bonds called "five-twenties," and these remained in the hands of Mr. Tayler, being registered in his name as trustee. The books of the treasury showed nothing in relation to this trust, nor, as already said, anything more or other than that the bonds were paid to Hardenberg or his agent.
Next, as respected the bonds of BIRCH, MURRAY & Co. It seemed in regard to these, that, prior to July, 1855, Chiles, wanting money, applied to this firm, who lent him $5,000 on a deposit of twelve of the bonds. The whole of the twelve were taken to the treasury department. The department at first declined to pay them, but finally did pay [p715] four of them (amounting with the coupons to $4,900) upon the ground urged by the firm that it had lent the $5,000 to Chiles on the hypothecation of the bonds and coupons without knowledge of the claim of the State of Texas, and because the firm was urged to be, and was apparently, a holder in good faith, and for value, the other bonds, eight in number, remaining in the treasury, and not paid to the firm, because of the alleged claim of the State of Texas, and of the allegation that the same had come into the possession of said White and Chiles improperly, and without consideration.
The difficulty now was less perhaps about the four bonds than about these eight, whose further history was thus presented by the answer of Birch, one of the firm, to the bill. He said in this answer, and after mentioning his getting with difficulty the payment of the four bonds:
That afterwards, and during the year 1866, Chiles called upon him with the printed report of the First Comptroller of the Treasury, Hon. R. W. Tayler, from which it appeared that the department would, in all reasonable probability, redeem all said bonds; and requested further advances on said eight remaining bonds, and that the firm thereupon advanced said Chiles, upon the said eight bonds, from time to time, the sum of $4,185.25, all of which was due and unpaid. That he made the said advances as well upon the representations of said Chiles that he was the bona fide holder of said bonds and coupons, as upon his own observation and knowledge of their legal tenor and effect; and of his faith in the redemption thereof by the government of the United States.
The answer said further, that:
At the time of the advances first made, the firm had no knowledge of the contract referred to in the bill, nor of the interest or connection of said White & Chiles with the complainant, nor of the law of the State of Texas referred to in the bill passed December 16, 1851; and that the bonds were taken in good faith.
It appeared further, in regard to the whole of these bonds, [p716] that, in June, 1865, Chiles, wanting to borrow money of one Barret, and he, Barret, knowing Mr. Hamilton, just then appointed provisional governor, but not yet installed into office, nor apparently as yet having the impressions which he afterwards, by his caution, made public, went to him, supposing him well acquainted with the nature of these bonds, and sought his opinion as to their value, and as to whether they would be paid. Barret's testimony proceeded:
He advised me to accept the proposition of Chiles, and gave it as his opinion that the government would have to pay the bonds. I afterwards had several conversations with him on the subject, in all of which he gave the same opinion. Afterwards (I cant't remember the exact time), Mr. Chiles applied to Birch, Murray & Co. for a loan of money, proposing to give some bonds as collateral security, and, at his request, I went to Birch, Murray & Co. and informed them of my conversations with Governor Hamilton, and of his opinion as expressed to me. They then seemed willing to make a loan on the security offered. In order to give them further assurance that I was not mistaken in my report of Governor Hamilton's opinion verbally expressed, I obtained from him a letter [letter produced]. It reads thus:
NEW YORK, June 25th, 1865.
HON. J. R. BARRET.
DEAR SIR: In reply to your question about Texas indemnity bonds issued by the U.S., I can assure you that they are perfectly good, and the gov't will certainly pay them to the holders.
Yours truly,
A. J. HAMILTON
The witness
mentioned the conversations had with Governor Hamilton, and also spoke of the letter, and sometimes read it to various parties, some of whom were dealing in these bonds,
and, as he stated, had "reason to believe that Governor Hamilton's opinion in regard to the bonds became pretty generally known among dealers in such paper." The witness, however, did not know Mr. Hardenberg.
The questions, therefore, were:
1. A minor preliminary one: the question presented by Chiles's answer as to whether sufficient authority was shown [p717] for the prosecution of the suit in the name and in behalf of Texas.
2. A great and principal one: a question of jurisdiction, viz., whether Texas, at the time of the bill filed or now, was one of the United States of America, and so competent to file an original bill here.
3. Assuming that she was, a question whether the respective defendants, any, all, or who of them, were proper subjects for the injunction prayed, as holding the bonds without sufficient title, and herein -- and more particularly as respected Hardenberg, and Birch, Murray & Co. -- a question of negotiable paper, and the extent to which holders, asserting themselves holders bona fide and for value, of paper payable "to bearer," held it discharged of precedent equities.
4. A question as to the effect of the payments, at the treasury, of the bonds of Hardenberg and of the four bonds of Birch, Murray & Co.
Confederate States of America - A Declaration of the Causes which Impel the State of Texas to Secede from the Federal Union
The government of the United States, by certain joint resolutions, bearing date the 1st day of March, in the year A.D. 1845, proposed to the Republic of Texas, then a free, sovereign and independent nation, the annexation of the latter to the former, as one of the co-equal states thereof,
The people of Texas, by deputies in convention assembled, on the fourth day of July of the same year, assented to and accepted said proposals and formed a constitution for the proposed State, upon which on the 29th day of December in the same year, said State was formally admitted into the Confederated Union.
Texas abandoned her separate national existence and consented to become one of the Confederated Union to promote her welfare, insure domestic tranquility and secure more substantially the blessings of peace and liberty to her people. She was received into the confederacy with her own constitution, under the guarantee of the federal constitution and the compact of annexation, that she should enjoy these blessings. She was received as a commonwealth holding, maintaining and protecting the institution known as negro slavery-- the servitude of the African to the white race within her limits-- a relation that had existed from the first settlement of her wilderness by the white race, and which her people intended should exist in all future time. Her institutions and geographical position established the strongest ties between her and other slave-holding States of the confederacy. Those ties have been strengthened by association. But what has been the course of the government of the United States, and of the people and authorities of the non-slave-holding States, since our connection with them?
The controlling majority of the Federal Government, under various pretences and disguises, has so administered the same as to exclude the citizens of the Southern States, unless under odious and unconstitutional restrictions, from all the immense territory owned in common by all the States on the Pacific Ocean, for the avowed purpose of acquiring sufficient power in the common government to use it as a means of destroying the institutions of Texas and her sister slaveholding States.
By the disloyalty of the Northern States and their citizens and the imbecility of the Federal Government, infamous combinations of incendiaries and outlaws have been permitted in those States and the common territory of Kansas to trample upon the federal laws, to war upon the lives and property of Southern citizens in that territory, and finally, by violence and mob law, to usurp the possession of the same as exclusively the property of the Northern States.
The Federal Government, while but partially under the control of these our unnatural and sectional enemies, has for years almost entirely failed to protect the lives and property of the people of Texas against the Indian savages on our border, and more recently against the murderous forays of banditti from the neighboring territory of Mexico; and when our State government has expended large amounts for such purpose, the Federal Government has refuse reimbursement therefor, thus rendering our condition more insecure and harassing than it was during the existence of the Republic of Texas.
These and other wrongs we have patiently borne in the vain hope that a returning sense of justice and humanity would induce a different course of administration.
When we advert to the course of individual non-slave-holding States, and that a majority of their citizens, our grievances assume far greater magnitude.
The States of Maine, Vermont, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New York, Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, Michigan and Iowa, by solemn legislative enactments, have deliberately, directly or indirectly violated the 3rd clause of the 2nd section of the 4th article [the fugitive slave clause] of the federal constitution, and laws passed in pursuance thereof; thereby annulling a material provision of the compact, designed by its framers to perpetuate the amity between the members of the confederacy and to secure the rights of the slave-holding States in their domestic institutions-- a provision founded in justice and wisdom, and without the enforcement of which the compact fails to accomplish the object of its creation. Some of those States have imposed high fines and degrading penalties upon any of their citizens or officers who may carry out in good faith that provision of the compact, or the federal laws enacted in accordance therewith.
In all the non-slave-holding States, in violation of that good faith and comity which should exist between entirely distinct nations, the people have formed themselves into a great sectional party, now strong enough in numbers to control the affairs of each of those States, based upon an unnatural feeling of hostility to these Southern States and their beneficent and patriarchal system of African slavery, proclaiming the debasing doctrine of equality of all men, irrespective of race or color-- a doctrine at war with nature, in opposition to the experience of mankind, and in violation of the plainest revelations of Divine Law. They demand the abolition of negro slavery throughout the confederacy, the recognition of political equality between the white and negro races, and avow their determination to press on their crusade against us, so long as a negro slave remains in these States.
For years past this abolition organization has been actively sowing the seeds of discord through the Union, and has rendered the federal congress the arena for spreading firebrands and hatred between the slave-holding and non-slave-holding States.
By consolidating their strength, they have placed the slave-holding States in a hopeless minority in the federal congress, and rendered representation of no avail in protecting Southern rights against their exactions and encroachments.
They have proclaimed, and at the ballot box sustained, the revolutionary doctrine that there is a 'higher law' than the constitution and laws of our Federal Union, and virtually that they will disregard their oaths and trample upon our rights.
They have for years past encouraged and sustained lawless organizations to steal our slaves and prevent their recapture, and have repeatedly murdered Southern citizens while lawfully seeking their rendition.
They have invaded Southern soil and murdered unoffending citizens, and through the press their leading men and a fanatical pulpit have bestowed praise upon the actors and assassins in these crimes, while the governors of several of their States have refused to deliver parties implicated and indicted for participation in such offenses, upon the legal demands of the States aggrieved.
They have, through the mails and hired emissaries, sent seditious pamphlets and papers among us to stir up servile insurrection and bring blood and carnage to our firesides.
They have sent hired emissaries among us to burn our towns and distribute arms and poison to our slaves for the same purpose.
They have impoverished the slave-holding States by unequal and partial legislation, thereby enriching themselves by draining our substance.
They have refused to vote appropriations for protecting Texas against ruthless savages, for the sole reason that she is a slave-holding State.
And, finally, by the combined sectional vote of the seventeen non-slave-holding States, they have elected as president and vice-president of the whole confederacy two men whose chief claims to such high positions are their approval of these long continued wrongs, and their pledges to continue them to the final consummation of these schemes for the ruin of the slave-holding States.
In view of these and many other facts, it is meet that our own views should be distinctly proclaimed.
We hold as undeniable truths that the governments of the various States, and of the confederacy itself, were established exclusively by the white race, for themselves and their posterity; that the African race had no agency in their establishment; that they were rightfully held and regarded as an inferior and dependent race, and in that condition only could their existence in this country be rendered beneficial or tolerable.
That in this free government all white men are and of right ought to be entitled to equal civil and political rights; that the servitude of the African race, as existing in these States, is mutually beneficial to both bond and free, and is abundantly authorized and justified by the experience of mankind, and the revealed will of the Almighty Creator, as recognized by all Christian nations; while the destruction of the existing relations between the two races, as advocated by our sectional enemies, would bring inevitable calamities upon both and desolation upon the fifteen slave-holding states.
By the secession of six of the slave-holding States, and the certainty that others will speedily do likewise, Texas has no alternative but to remain in an isolated connection with the North, or unite her destinies with the South.
For these and other reasons, solemnly asserting that the federal constitution has been violated and virtually abrogated by the several States named, seeing that the federal government is now passing under the control of our enemies to be diverted from the exalted objects of its creation to those of oppression and wrong, and realizing that our own State can no longer look for protection, but to God and her own sons-- We the delegates of the people of Texas, in Convention assembled, have passed an ordinance dissolving all political connection with the government of the United States of America and the people thereof and confidently appeal to the intelligence and patriotism of the freemen of Texas to ratify the same at the ballot box, on the 23rd day of the present month.
Adopted in Convention on the 2nd day of Feby, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty-one and of the independence of Texas the twenty-fifth.